La oposición desvirtuó el texto del proyecto para generar confusión
Por Felipe Yapur
Por Felipe Yapur
La estratega del Grupo A, Silvana Giudici, distorsionó el contenido de la iniciativa oficial y dijo que el objetivo es controlar todo lo que se haga con pasta de celulosa. También disputa el pase a comisión, que aun no fue resuelto.
La disputa en la Cámara de Diputados por el proyecto que busca declarar la producción de papel para diarios de interés público se encuentra, por ahora, en el terreno de las declaraciones mediáticas. El sector de la derecha del denominado Grupo A insiste en considerar que la iniciativa es inconstitucional y, como afirmó la radical Silvana Giudici, todo responde a “un plan sistemático para controlar la prensa”.
La disputa en la Cámara de Diputados por el proyecto que busca declarar la producción de papel para diarios de interés público se encuentra, por ahora, en el terreno de las declaraciones mediáticas. El sector de la derecha del denominado Grupo A insiste en considerar que la iniciativa es inconstitucional y, como afirmó la radical Silvana Giudici, todo responde a “un plan sistemático para controlar la prensa”.
La respuesta del Frente para la Victoria (FPV) la expresó el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, quien aseguró a Tiempo Argentino que los que despotrican contra el proyecto “defienden los intereses económicos de los grupos mediáticos que tienen el monopolio de la producción de papel para diarios”.
El proyecto, que ingresó el viernes a última hora, todavía no fue derivado a las comisiones de Diputados, ya que el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, no había llegado ayer a la Ciudad de Buenos Aires desde su provincia, Jujuy. Tiene plazo hasta mañana para hacerlo y, por ahora, se especula que lo enviará a las comisiones de Legislación General, Comunicaciones y Peticiones, Poderes y Reglamento.
La oposición se niega a esta posibilidad porque, sostienen, están presididas por oficialistas o aliados del Frente para la Victoria. Es cierto, pero lo que no dicen es que desde diciembre pasado, los opositores tienen mayoría en todas las comisiones parlamentarias.
Una de las más fieras opositoras al proyecto es la radical Silvana Giudici, quien para rechazar la iniciativa no dudó en usar frases que retrotraen a los tiempos de la dictadura: “el gobierno está poniendo en práctica un plan sistemático para controlar a la prensa en la Argentina”.
En tren de desvirtuar el texto, la radical no dudó en decir que se busca declarar de interés público la fabricación y comercialización de todo lo que se haga con pasta de celulosa, incluido “etiquetas, envases y hasta cigarrillos”. La lectura del primer artículo echa por tierra su temeraria afirmación, ya que sostiene claramente que se trata de la pasta para papel de diario.
Su colega del peronismo conservador, Felipe Solá, prefiere pensar que el Ejecutivo avanza en este tema para conseguir el respaldo de los diarios del interior, a cambio de una mayor discrecionalidad de la publicidad oficial: “Es la pauta, estúpido”, escribió en su cuenta de Twitter.
El también diputado radical Ricardo Gil Lavedra, aportó argumentos para el rechazo. El ex magistrado se refirió a una supuesta violación de la libertad de expresión por parte del Estado, al pretender regular esta actividad comercial: “En materia de libertad de expresión, la regulación por parte del Estado siempre es sospechosa”, dijo.
Toda la parafernalia de declaraciones fue rechazada de plano ayer por la presidenta Cristina Fernández, quien aseguró que la actitud de la oposición es “descarada” (ver p. 4).
En tanto, el oficialista Vargas Aignasse aseguró a este diario que los que hablan de que se viola la libertad de expresión “mienten”. El legislador, a la sazón presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, sostiene que lo que se está legislando es la producción del insumo para los diarios y no sobre los contenidos que a través del papel se expresen.
“Mienten cuando afirman que el gobierno quiere digitar esta actividad. Es tan prescindente de ello que el marco regulatorio lo tiene que hacer el consejo consultivo (integrado por todos los dueños de diarios) y la comisión bicameral que se elegirá. Ese marco debe ser aprobado por ambas cámaras y la comisión parlamentaria controlará la regulación de la actividad”, aseguró el legislador.
La estrategia del oficialismo para debatir el proyecto todavía no se definió, pero no descartan hacer audiencias públicas, incluso por todo el país. Una repetición de lo que se hizo con la Ley de Servicios Audiovisuales, y que permitió que la sociedad se involucre en el tema con mucha fuerza.
El jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, también habló. Desde Santa Fe sostuvo que los diputados que se oponen parecen “abogados del Grupo Clarín”, pero también reconoció que su bloque está dispuesto a aceptar modificaciones al texto. Eso sí, “sin que se desvirtúe su espíritu”.
El proyecto, que ingresó el viernes a última hora, todavía no fue derivado a las comisiones de Diputados, ya que el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, no había llegado ayer a la Ciudad de Buenos Aires desde su provincia, Jujuy. Tiene plazo hasta mañana para hacerlo y, por ahora, se especula que lo enviará a las comisiones de Legislación General, Comunicaciones y Peticiones, Poderes y Reglamento.
La oposición se niega a esta posibilidad porque, sostienen, están presididas por oficialistas o aliados del Frente para la Victoria. Es cierto, pero lo que no dicen es que desde diciembre pasado, los opositores tienen mayoría en todas las comisiones parlamentarias.
Una de las más fieras opositoras al proyecto es la radical Silvana Giudici, quien para rechazar la iniciativa no dudó en usar frases que retrotraen a los tiempos de la dictadura: “el gobierno está poniendo en práctica un plan sistemático para controlar a la prensa en la Argentina”.
En tren de desvirtuar el texto, la radical no dudó en decir que se busca declarar de interés público la fabricación y comercialización de todo lo que se haga con pasta de celulosa, incluido “etiquetas, envases y hasta cigarrillos”. La lectura del primer artículo echa por tierra su temeraria afirmación, ya que sostiene claramente que se trata de la pasta para papel de diario.
Su colega del peronismo conservador, Felipe Solá, prefiere pensar que el Ejecutivo avanza en este tema para conseguir el respaldo de los diarios del interior, a cambio de una mayor discrecionalidad de la publicidad oficial: “Es la pauta, estúpido”, escribió en su cuenta de Twitter.
El también diputado radical Ricardo Gil Lavedra, aportó argumentos para el rechazo. El ex magistrado se refirió a una supuesta violación de la libertad de expresión por parte del Estado, al pretender regular esta actividad comercial: “En materia de libertad de expresión, la regulación por parte del Estado siempre es sospechosa”, dijo.
Toda la parafernalia de declaraciones fue rechazada de plano ayer por la presidenta Cristina Fernández, quien aseguró que la actitud de la oposición es “descarada” (ver p. 4).
En tanto, el oficialista Vargas Aignasse aseguró a este diario que los que hablan de que se viola la libertad de expresión “mienten”. El legislador, a la sazón presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, sostiene que lo que se está legislando es la producción del insumo para los diarios y no sobre los contenidos que a través del papel se expresen.
“Mienten cuando afirman que el gobierno quiere digitar esta actividad. Es tan prescindente de ello que el marco regulatorio lo tiene que hacer el consejo consultivo (integrado por todos los dueños de diarios) y la comisión bicameral que se elegirá. Ese marco debe ser aprobado por ambas cámaras y la comisión parlamentaria controlará la regulación de la actividad”, aseguró el legislador.
La estrategia del oficialismo para debatir el proyecto todavía no se definió, pero no descartan hacer audiencias públicas, incluso por todo el país. Una repetición de lo que se hizo con la Ley de Servicios Audiovisuales, y que permitió que la sociedad se involucre en el tema con mucha fuerza.
El jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, también habló. Desde Santa Fe sostuvo que los diputados que se oponen parecen “abogados del Grupo Clarín”, pero también reconoció que su bloque está dispuesto a aceptar modificaciones al texto. Eso sí, “sin que se desvirtúe su espíritu”.
La frase está dirigida a los bloques opositores identificados con la centroizquierda, como Proyecto Sur y el socialismo, que si bien se mostraron de acuerdo con la declaración de interés público, mantienen, por ahora, algunos reparos. De apoyar el proyecto, incluso con modificaciones consensuadas con el FPV, este tendría asegurada la media sanción.
FUENTE: TIEMPO ARGENTINO
