El gobierno avanza en el frente judicial
Por Viviana Mariño
Mientras se demora el pase a comisión del proyecto para regular la producción y venta del principal insumo de los diarios, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que autoriza a poner el informe a disposición de los jueces.
A una semana de la presentación oficial del informe Papel Prensa - La Verdad, el gobierno formalizó ayer la decisión de denunciar ante la justicia las irregularidades detectadas en la compra de acciones de la fábrica por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura militar. Lo hizo a través del Decreto 1210 publicado ayer en el Boletín Oficial.
Tal como había anunciado siete días atrás en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández instruyó formalmente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que ambos realicen las presentaciones ante la justicia.
Junto a ese mandato instaló la denuncia de apropiación ilegal de Papel Prensa en el Congreso con el envío de un proyecto de ley para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel de diario.
Tal como había anunciado siete días atrás en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández instruyó formalmente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que ambos realicen las presentaciones ante la justicia.
Junto a ese mandato instaló la denuncia de apropiación ilegal de Papel Prensa en el Congreso con el envío de un proyecto de ley para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel de diario.
Anoche, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, mantenía la expectativa de las bancadas opositoras sobre las comisiones a las que girará la iniciativa que, contra todos los pronósticos, la presidenta finalmente decidió ingresar por la Cámara Baja donde el oficialismo es minoría.
La oposición intenta forzar que, además de las comisiones de Legislación General, Comunicación y Peticiones Poderes y Reglamento, la iniciativa sea girada también a Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión que presiden la peronista disidente Graciela Camaño y la radical Silvana Giudici, respectivamente.
“No hay plazos para expedirse y, cuando lo haga, será ajustado al reglamento”, dijeron a este diario fuentes cercanas a Fellner.
La oposición intenta forzar que, además de las comisiones de Legislación General, Comunicación y Peticiones Poderes y Reglamento, la iniciativa sea girada también a Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión que presiden la peronista disidente Graciela Camaño y la radical Silvana Giudici, respectivamente.
“No hay plazos para expedirse y, cuando lo haga, será ajustado al reglamento”, dijeron a este diario fuentes cercanas a Fellner.
El decreto publicado ayer instruye a Da Rocha “para que intervenga en las causas relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa”, en la operación de compra de acciones.
“La venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones a un precio irrisorio”, fundamentó el Ejecutivo en el decreto que lleva la firma de la presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Justicia, Julio Alak.
Tras la presentación formal del informe elaborado por la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, Da Rocha inició la lectura de la investigación para determinar el alcance de las presentaciones. “El caso todavía está en estudio”, informaron a Tiempo Argentino fuentes cercanas al funcionario. Sin embargo, en la Procuración estiman que la semana próxima habrá novedades sobre el alcance de las denuncias.
“La venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones a un precio irrisorio”, fundamentó el Ejecutivo en el decreto que lleva la firma de la presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Justicia, Julio Alak.
Tras la presentación formal del informe elaborado por la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, Da Rocha inició la lectura de la investigación para determinar el alcance de las presentaciones. “El caso todavía está en estudio”, informaron a Tiempo Argentino fuentes cercanas al funcionario. Sin embargo, en la Procuración estiman que la semana próxima habrá novedades sobre el alcance de las denuncias.
En el decreto publicado ayer se instruye al secretario de Derechos Humanos “para que ponga a disposición del Poder Judicial el informe Papel Prensa - La verdad” y “para que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad”. La Secretaría ya forma parte de la causa que instruye el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, quien investiga delitos de lesa humanidad en el denominado “circuito Camps".
FUENTE: TIEMPO ARGENTINO
