La Corte Suprema pidió precisiones sobre el programa de saneamiento del Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia remitió a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), integrada por los estados Nacional, bonaerense y porteño, un cuestionario con 75 preguntas para que brinde precisiones sobre el programa de saneamiento de ese curso hídrico.
El máximo tribunal también envió pliegos de preguntas, pero más breves que el dirigido a ACUMAR, al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN), y fijó el 15 de mayo próximo como última fecha para responder a los requerimientos.
La Corte analizará esas informes sobre “núcleos temáticos” y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea” en la zona de la cuenca hídrica, previa a la realización de la audiencia que, para reanudar la del 16 de marzo último, fijó para el próximo 1 de junio.
La Corte recordó que corresponde a la ACUMAR “concentrar en su representación la información concerniente al genuino y preciso grado de avance respecto de cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el fallo definitivo (del tribunal) del 8 de junio de 2008”.
A la ACUMAR se le pidieron detalles sobre la “información pública” de tareas efectuadas para la ejecución de la sentencia de junio de 2008, mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, situación de los basurales y financiamiento y presupuesto, entre otros.
A la Defensoría del Pueblo de la Nación se le preguntó acerca de las restricciones que tuvo en materia de acceso a la información pública sobre tres aspectos concretos: “mejoramiento de calidad de vida”, “recomposición del medio ambiente” y prevención del daño”.
La Corte le pidió a la AGN que “desarrolle los puntos de mayor relevancia que sostiene su conclusión acerca de que hubo una sub ejecución del programa”, que indique a qué lo atribuye y que aclare por qué en la última audiencia dijo haber auditado solo el 9% de las asignaciones presupuestarias totales del Programa Integral de Saneamiento Ambiental.
La resolución fue dictada en la “Causa Mendoza”, como se denomina a la demanda promovida por vecinos de la cuenca contra el Estado Nacional y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de la cuenca hídrica.
