“El decreto de Macri es inconstitucional”
El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Carlos Tomada, fustigó hoy el decreto que multa con dinero o días de arresto a quien obstruya la impresión o distribución de medios de prensa. Es “uno de los más claros ataques a la libertad de expresión y la más grave falta a la división de poderes”, consideró.
“Este decreto es inconstitucional y a todas luces pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, aseveró Tomada en una conferencia de prensa que dio en la Legislatura para repudiar el decreto 2/11, firmado por el titular del Ejecutivo que incorporó tres artículos al Código Contravencional de la Ciudad con penas “para quienes atenten contra la libertad de prensa y expresión”.
Al respecto, Tomada consideró que “esta norma, con este contenido, es en realidad uno de los más claros ataques a la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos” e instó a los legisladores porteños a no refrendar este decreto en el que “Macri se arrogó la suma del poder público y se olvidó de la división de poderes”.
Además, remarcó que la medida, difundida ayer oficialmente por la Ciudad, “es antisindical porque cercena los derechos de los trabajadores y crea amenaza inusitada a esos derechos”.
El ministro formuló estas declaraciones acompañado por la diputada Silvia Vásquez; el dirigente de la UTPBA y periodista Raúl Dellatorre; la ex legisladora Kelly Olmos; el director de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Damián Loretti, y los legisladores Gonzalo Ruanova, Gabriela Cerruti, Aníbal Ibarra, María José Lubertino y Francisco Nenna, que adelantaron su rechazo al decreto.
Además, anticiparon una presentación judicial mañana, de la que faltaba definir si era ante el Tribunal Superior de Justicia porteño o un juzgado de primera instancia, para frenar “cuanto antes” la vigencia del decreto.
“Vamos a usar todas las herramientas judiciales necesarias porque no vamos a permitir este intento por violar los derechos de parte de Mauricio Macri, que con ese decreto intenta enviar un mensaje y quedar bien con un grupo de empresarios”, aseguró Ruanova, del bloque Nuevo Encuentro.
Para Ibarra, “una sociedad en donde el Poder Ejecutivo puede establecer figuras penales y contravenciones y además tiene la policía para ejecutarlas es una sociedad autoritaria".
"Eso está expresamente prohibido tanto por la Constitución Nacional, como por las constituciones provinciales y nuestra Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además fue dicho infinidad de veces por la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Loretti, por su parte, consideró que “asistimos a un hecho sin precedentes que, por su procedimiento y sus contenidos, es insostenible y es una amenaza sobre las libertades sindicales”.
Vásquez, en tanto, exhortó a los diputados de la Ciudad a “poner un freno” a la iniciativa macrista y adelantó que impulsará en el Congreso Nacional una declaración de “repudio” al decreto cuestionado.
