Allanan el sindicato del Momo Venegas
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la medida para rescatar información clave para la causa que se sigue por el tráfico y adulteramiento de medicamentos. Además, Se postergó la declaración indagatorio del secreatio general de UATRE.
Por orden del juez federal Norberto Oyarbide, se allanaron las oficinas de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en el marco de la causa que se sigue por el tráfico y adulteramiento de medicamentos.
Así se intenta rescatar información clave para la causa por la que el titular del sindicato y hombre del duhaldismo, Gerónimo "Momo" Venegas, está imputado y estuvo preso.
En ese sentido, también se pospuso, por cuarta vez, la ampliación de indagatoria prevista para mañana a Venegas. Oyarbide volvió a hacer lugar a un pedido de postergación de la defensa de Venegas y fijó la nueva fecha de indagatoria para el próximo 2 de agosto.
Venegas debía volver a declarar mañana en los tribunales de Retiro, pero su defensa entregó nueva prueba para incorporar a la causa y solicitó que sea analizada por el juez antes de la declaración, explicaron los voceros.
Esta es la cuarta vez que se suspende la ampliación de la indagatoria de Venegas, todas a pedido de él por motivos personales o vinculados al avance de la causa, y a las que Oyarbide siempre hizo lugar.
Venegas fue detenido el 10 de febrero pasado acusado de asociación ilícita, defraudación al Estado por la presunta falsificación de expedientes para cobrar reintegros y envenenamiento de sustancias de uso público por parte de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPREBA) que dirige.
Al día siguiente fue indagado por Oyarbide y tras la declaración recuperó la libertad con el pago de una fianza de 500 mil pesos en efectivo. Antes de resolver si lo procesa, el juez volvió a convocarlo para declarar sobre el presunto desvío de dos millones de pesos previstos para planes médicos y que fueron utilizados para la compra de ambulancias tipo "hospitales móviles" y por la supuesta defraudación al Estado con troqueles de medicamentos falsos para cobrar reintegros.
En la causa están presos y procesados el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola; su mujer y ex secretaria administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; la ex subdirectora de ese organismo, Susana Fiona, y el dueño de la droguería "San Javier", Néstor Lorenzo.
