Ambiente se pronunció contra la construcción de la represa Ayuí Grande en Corrientes
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió una resolución en la que expresa la incompatibilidad del Proyecto “Ayuí Grande” con las obligaciones de la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y con las leyes de protección ambiental, “contrariando los objetivos de la política ambiental nacional”.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió una resolución en la que expresa la incompatibilidad del Proyecto “Ayuí Grande” con las obligaciones de la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y con las leyes de protección ambiental, “contrariando los objetivos de la política ambiental nacional”.
La disposición de la secretaría que lleva la firma de su titular, Juan José Mussi, fue celebrada por organizaciones ambientalistas, referentes ecologistas y políticos de Corrientes y del país, que a su vez cuestionaron al gobernador Ricardo Colombi (UCR) que días atrás anunció su autorización para la construcción de la represa.
En una extensa fundamentación, la resolución expresa entre otras consideraciones, de acuerdo a estudios realizados por un equipo interdisciplinario, que “resulta acreditado que los residuos peligrosos de fertilizantes y agroquímicos utilizados en el cultivo del arroz y las alteraciones producidas al ambiente por la inundación de 7000 hectáreas de bosques nativos, producen pérdidas de la diversidad biológica, la desaparición de humedales y la disminución del arroyo Ayuí Grande-Miriñay”.
En este sentido, se considera que como consecuencia de la obra de construcción de la represa y la transformación de suelo agrícola que componen el Proyecto Productivo Ayuí Grande, “llegarán a afectar de manera significativa la calidad de las aguas del Río Uruguay”.
La resolución agrega que la obra propuesta en el Arroyo Ayuí Grande pone en peligro el ambiente más allá de los límites de la provincia de Corrientes, dado que éste desemboca finalmente en el Río Uruguay.
Se hace especial mención al artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Al respecto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, afirmó que la represa proyectada en Corrientes, en una zona cercana al Iberá "va en contra de cualquier criterio ambiental" y del Tratado del Río Uruguay.
"La Nación debe proteger los recursos de todos los argentinos y ese no era un proyecto sustentable", dijo Mussi a Télam sobre la resolución, divulgada hoy.
El funcionario recordó que "el gobierno correntino había autorizado ese emprendimiento privado y nosotros (el Ejecutivo nacional) presentamos un recurso de amparo para que nos faciliten el estudio de impacto ambiental obligatorio que nos negaban".
La Corte Suprema hizo lugar a la solicitud y suspendió por 90 días las obras de la represa, un emprendimiento privado que comprende la inundación de unas 8.000 hectáreas para destinarlas al cultivo de arroz.
"Con mandato de la Corte, empezó a trabajar un equipo multisectorial que concluyó que esta obra va en contra de cualquier criterio ambiental y del tratado del río Uruguay, porque la obra desemboca en el río Miriñay, a dos kilómetros de la desembocadura del río Uruguay", indicó.
En tanto, los referentes ecologistas, celebraron la medida del Estado nacional, entre ellos el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, que la calificó “espectacular”.
Además, reiteró que la construcción de la represa es “ilegal” y cuestionó al gobernador Ricardo Colombi (UCR) por “subordinarse a intereses privados” e intentar “privatizar bienes públicos” para beneficiar a las empresas Adeco-Agro del magnate húngaro George Soros y Copra, del empresario -integrante del Grupo Clarín- José Aranda, que encabezan el megaproyecto arrocero.
“Es una actitud vergonzosa la del gobernador (Colombi) que se subordina a esos intereses, amparando una obra concebida en la ilegalidad”, denunció el presidente de la Fundación Iberá.
En el mismo sentido se expresó el biólogo y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Aníbal Parera, al afirmar que Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "descuartiza las evaluaciones de impacto ambiental y los supuestos planes de mitigación de los empresarios", por lo que "el Gobierno provincial debe enterrar para siempre este proyecto".
“El gobierno provincial dibujó una reglamentación provincial a medida de ciertos intereses, pero desoyendo los intereses colectivos de preservación del ambiente", afirmó Parera en declaraciones a Télam.
El intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini (PJ) que realizó recientemente una solicitud ante la Justicia para la paralización del proyecto Ayuí, también celebró la resolución nacional y volvió a cuestionar al gobernador correntino “por apoyar este emprendimiento en perjuicio de la gente”.
El jefe comunal atribuyó el apoyo de Colombi al emprendimiento, a pesar de las denuncias, a "compromisos previos", fruto del "lobby que hicieron las poderosas empresas inversoras".
Su comprovinciano, el director del Banco Nación y presidente del PJ, Fabián Ríos, cuestionó también al gobernador Colombi públicamente al decir que lo que quiere, “es entregarle al Grupo Clarín 8.000 hectáreas para inundarlas y sacar a los campesinos de sus tierras”.
“La actividad que usted promueve concentra la tenencia de tierra y la renta y expulsa a las familias que viven en el campo correntino, esas que plantan mandioca, batata, maíz amarillo, lechuga, acelga; es decir a los que ponen a diario los alimentos en la mesa de los correntinos”, le dijo Ríos.
Además, diputados nacionales y provinciales respaldaron hoy el pronunciamiento en contra de la construcción de la represa Ayuí en Corrientes por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por su impacto ambiental negativo en tierras y aguas y por su incompatibilidad con tratados con Uruguay.
"Es una muy buena decisión; el impacto desde el punto de vista ambiental es tremendo y hay una preocupación importante de parte de los organismos ecologistas porque las actividades productivas son a costa de la depredación y el deterioro del medio", declaró a Télam la diputada nacional santafesina Verónica Benas (Unidad Popular).
A su vez, el jefe de gabinete de la secretaría de Ambiente, Ricardo Salvioli, advirtió hoy que los informes realizados por el organismo a su cargo "arrojan un posible impacto ambiental sustantivo".
En sintonía, la diputada nacional Cecilia Merchán, también miembro de la comisión de Recursos Naturales, dijo a Télam que "resulta fundamental todo lo que vaya en la dirección de proteger el cuidado de la tierra y el ambiente futuro", y expresó su "acompañamiento" a los vecinos correntinos que se oponen a la represa.
A ella se sumó la diputada provincial de Corrientes, Maria Inés Fagetti (PJ-Bloque FpV) al afirmar que "corresponde justamente a la secretaría nacional intervenir en los temas que tengan que ver con la defensa del medio ambiente" y advirtió que "es la autoridad de aplicación de protección de bosques nativos".
"El gobierno de Corrientes, en complicidad con el Grupo Clarín y la empresa de Soros, lograron que la Legislatura provincial sancionara una ley de bosques nativos que liberó la zona donde se pretende instalar la represa", contó Fagetti.
Para la legisladora, la resolución "frena la puesta en marcha del proyecto que sin duda afectará decenas de hectáreas de bosques nativos valiosísimos".
El proyecto productivo “Ayuí Grande”, impulsado por las empresas Adeco Agro del magnate húngaro George Soros y Copra, de José Aranda, del grupo Clarín, busca construir una represa con aguas del arroyo Ayuí para desarrollar un emprendimiento arrocero.
El megaemprendimiento inundaría 8 mil hectáreas, con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en una zona cercana a los Esteros del Iberá.
Ahora, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se pronunció en contra de la construcción de la represa Ayuí, porque no cumple con las obligaciones del Estatuto del Río Uruguay y las leyes ambientales.
